28.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 198/1

(1)

La Unión se ha comprometido a crear una Unión de la Energía con una política climática ambiciosa. La eficiencia energética es un elemento crucial del marco de actuación de la Unión en materia de clima y energía hasta el año 2030 y es decisiva para moderar la demanda energética.

(2)

El etiquetado energético permite a los clientes tomar decisiones fundadas sobre el consumo energético de los productos relacionados con la energía. La información sobre productos eficientes y sostenibles relacionados con la energía constituye una significativa contribución al ahorro de energía y a la reducción de la factura energética, promoviendo al mismo tiempo la innovación y las inversiones en la producción de productos cada vez más eficientes desde el punto de vista energético. Mejorar la eficiencia de los productos relacionados con la energía por medio de elecciones fundadas de los clientes y armonizar los requisitos relacionados a escala de la Unión beneficia también a los fabricantes, a la industria y a la economía de la Unión en general.

(3)

La Comisión ha examinado la eficacia de la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y ha puesto de manifiesto la necesidad de actualizar el marco relativo al etiquetado energético para mejorar su eficacia.

(4)

Es conveniente sustituir la Directiva 2010/30/UE por un reglamento que mantenga esencialmente el mismo ámbito de aplicación, pero modifique y refuerce algunas de sus disposiciones para precisar y actualizar su contenido habida cuenta del avance tecnológico conseguido en los últimos años en términos de eficiencia energética de los productos. Dado que el consumo de energía de los medios de transporte de personas o bienes está regulado directa e indirectamente por otros ámbitos del Derecho de la Unión y por otras políticas de la Unión, procede que sigan estando exentos del ámbito de aplicación del presente Reglamento, incluidos los medios de transporte cuyos motores permanezcan en la misma ubicación durante su funcionamiento, como los ascensores, las escaleras mecánicas o las cintas transportadoras.

(5)

Es conveniente aclarar que todos los productos introducidos en el mercado de la Unión por primera vez, incluidos los productos importados de segunda mano, deben entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. No obstante, los productos comercializados en el mercado de la Unión por segunda vez o más veces no deben ser incluidos.

(6)

Un reglamento es el instrumento legislativo adecuado, pues establece normas claras y detalladas que impiden divergencias en la transposición por los Estados miembros y, por tanto, garantiza un mayor grado de armonización en toda la Unión. Un marco regulador armonizado a nivel de la Unión, más que a nivel de los Estados miembros, reduce los costes de los fabricantes, asegura unas condiciones de competencia equitativas y garantiza la libre circulación de los bienes en el mercado interior.

(7)

La moderación de la demanda energética fue reconocida como una medida clave en la Estrategia Europea de la Seguridad Energética establecida en la comunicación de la Comisión de 28 de mayo de 2014. La Estrategia Marco para la Unión de la Energía establecida en la comunicación de la Comisión de 25 de febrero de 2015, por su parte, resaltó el principio de «primero, la eficiencia energética» y la necesidad de aplicar plenamente el Derecho de la Unión vigente en el ámbito de la energía. La hoja de ruta de la Estrategia Marco para la Unión de la Energía establecida en dicha comunicación disponía una revisión del marco de la eficiencia energética de los productos en 2015. El presente Reglamento mejora el marco legislativo y de control del cumplimiento en materia de etiquetado energético.

(8)

La mejora de la eficiencia de los productos relacionados con la energía gracias a la capacidad del cliente de decidir con conocimiento de causa beneficia a la economía de la Unión, reduce la demanda energética y permite a los clientes ahorros en la factura energética, contribuye a la innovación y a la inversión en eficiencia energética, y permite a las industrias que idean y producen los productos de mayor eficiencia energética conseguir una ventaja competitiva. También contribuye al logro de los objetivos de la Unión en materia de eficiencia energética para 2020 y 2030, así como los objetivos de la Unión en materia de medio ambiente y de cambio climático. Además, aspira a tener un impacto positivo en los resultados medioambientales de los productos y partes de los mismos relacionados con la energía, inclusive la utilización de recursos no energéticos.

(9)

El presente Reglamento contribuye al desarrollo, reconocimiento por parte del cliente y capacidad de penetración en los mercados de productos inteligentes desde el punto de vista energético que pueden ser activados para que interactúen con otros aparatos y sistemas, incluida la propia red de energía, con el fin de mejorar la eficiencia energética o acelerar la adopción de las energías renovables, reducir el consumo energético y promover la innovación en la industria de la Unión.

(10)

La transmisión de información exacta, pertinente y comparable sobre el consumo específico de energía de los productos relacionados con la energía facilita la elección de los clientes en favor de los productos que consumen menos energía y otros recursos esenciales durante su utilización. Una etiqueta normalizada obligatoria para productos relacionados con la energía es un medio eficaz para proporcionar a los clientes potenciales información comparable sobre la eficiencia energética de los productos relacionados con la energía. La etiqueta debe completarse con una ficha de información del producto. La etiqueta debe ser fácilmente reconocible, sencilla y concisa. A tal fin, debe mantenerse su gama de colores actual, que va del verde oscuro al rojo, como base para informar a los usuarios finales de la eficiencia energética de los productos. Para que la etiqueta sea realmente útil a los clientes que buscan ahorros de energía y de costes, los diversos grados de la escala de la etiqueta deben corresponder a ahorros de energía y de costes que sean significativos para los clientes. Para la mayoría de los grupos de productos, la etiqueta debe, en su caso, indicar también el consumo absoluto de energía además de la escala de la etiqueta, con el fin de permitir a los clientes prever el impacto directo de su elección sobre su factura energética. No obstante, es imposible proporcionar la misma información en el caso de los productos relacionados con la energía que no consumen ellos mismos energía.

(11)

Se ha constatado que la clasificación que utiliza las letras de A a G es la más rentable para los clientes. Se pretende que una aplicación uniforme de esta escala en los grupos de productos aumente la transparencia y la comprensión entre los clientes. En los casos en que, como consecuencia de la adopción de medidas de diseño ecológico con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), los productos ya no puedan clasificarse en las clases «E», «F» o «G», esas clases deben no obstante mostrarse en la etiqueta en gris. En casos excepcionales y debidamente justificados, como aquellos en los que se obtiene un ahorro insuficiente en el espectro de las siete clases, la etiqueta debe poder contener menos clases que una escala normal de A a G. En dichos casos, la gama de colores de la etiqueta que va del verde oscuro al rojo debe mantenerse para las restantes clases y aplicarse solo a nuevos productos introducidos en el mercado o puestos en servicio.

(12)

Cuando un proveedor comercialice un producto, cada unidad del producto debe ir acompañada de una etiqueta impresa que cumpla los requisitos del acto delegado pertinente. El acto delegado pertinente debe establecer las formas más eficaces de exponer las etiquetas, tomando en consideración las implicaciones para los clientes, proveedores y distribuidores y puede disponer que la etiqueta esté impresa en el embalaje del producto. El distribuidor debe exponer la etiqueta suministrada conjuntamente con la unidad del producto en la posición exigida por el acto delegado pertinente. La etiqueta expuesta debe resultar claramente visible e identificable como perteneciente al producto en cuestión sin que sea necesario que el cliente lea el nombre de la marca y el número del modelo en la etiqueta y debe atraer la atención del cliente que mire el producto expuesto.

(13)

Sin afectar a la obligación del proveedor de proporcionar una etiqueta impresa junto con cada unidad del producto, los progresos de la tecnología digital pueden permitir el uso de etiquetas electrónicas además de las etiquetas energéticas impresas. También debe permitirse que el distribuidor descargue la ficha de información del producto de la base de datos de los productos.

(14)

Cuando no sea viable exponer la etiqueta energética, como puede ser el caso de determinadas formas de venta a distancia, en la publicidad visual y el material técnico de promoción, debe indicarse a los clientes potenciales, como mínimo, la clase energética del producto y la gama de las clases de eficiencia que figuran en la etiqueta.

(15)

Los fabricantes responden a la etiqueta energética creando e introduciendo en el mercado productos cada vez más eficientes. En paralelo, tienden a interrumpir la producción de los productos menos eficientes, estimulados a hacerlo por el Derecho de la Unión en materia de diseño ecológico. Como consecuencia de esa evolución tecnológica, la mayoría de los modelos de productos se concentran en las clases superiores de la etiqueta energética. Puede ser necesaria una diferenciación adicional de productos para permitir a los clientes comparar los productos adecuadamente, lo que implica la exigencia de reescalar las etiquetas. El presente Reglamento debe establecer por tanto mecanismos detallados para tal reescalado, a fin de garantizar a proveedores y distribuidores la máxima seguridad jurídica.

(16)

En el caso de diversas etiquetas establecidas por medio de actos delegados adoptados en virtud de la Directiva 2010/30/UE, los productos están disponibles únicamente o la mayor parte de las veces en las clases superiores. Esto reduce la eficacia de las etiquetas. Las clases en las etiquetas existentes, dependiendo del grupo de producto, tienen escalas que varían, por lo que la clase superior puede situarse entre las clases A y A+++. Como resultado, cuando los clientes comparan las etiquetas de diversos grupos de productos, pueden verse inducidos a suponer que existen mejores clases de energía para una determinada etiqueta que las expuestas. Para evitar esa posible confusión, conviene proceder como primer paso a un reescalado inicial de las etiquetas existentes con el fin de garantizar una escala A a G homogénea, para las tres categorías de productos en virtud del presente Reglamento.

(17)

El etiquetado energético de los productos de calefacción de espacios regulados y de los calentadores de agua se introdujo solo recientemente y el grado de avance tecnológico de dichos grupos de productos es relativamente lento. El actual sistema de etiquetado establece una clara distinción entre tecnologías de combustibles fósiles convencionales que como mucho se sitúan en la clase A, y las tecnologías que utilizan energía renovable, que son a menudo considerablemente más caras, para las que se reservan las clases A+, A++ y A+++. Ya es posible conseguir sustanciales ahorros de energía con las tecnologías de combustibles fósiles más eficientes, que sería apropiado seguir promocionando como pertenecientes a la clase A. Dado que el mercado para los productos de calefacción y el de producción de agua caliente es probable que avance lentamente hacia más tecnologías renovables, procede reescalar las etiquetas energéticas para dichos productos posteriormente.

(18)

Tras el reescalado inicial, la frecuencia de un nuevo reescalado debe determinarse por referencia al porcentaje de productos vendidos que se encuentran en las categorías superiores. Un nuevo reescalado debe tener en cuenta la rapidez del progreso tecnológico y la necesidad de evitar sobrecargar a los proveedores y distribuidores, y en particular a las pequeñas empresas. Por lo tanto, para la frecuencia de dicho reescalado sería deseable un plazo de aproximadamente diez años. Una etiqueta recién reescalada debe dejar la categoría superior vacía para fomentar el progreso tecnológico, proporcionar estabilidad reguladora, limitar la frecuencia del reescalado y permitir que se desarrollen y reconozcan productos cada vez más eficientes. En casos excepcionales, cuando se prevea que la tecnología puede avanzar más rápidamente, ningún producto debe clasificarse en las dos clases superiores en el momento de la introducción de la etiqueta recién reescalada.

(19)

Antes de efectuar un reescalado, la Comisión debe realizar un estudio preparatorio adecuado.

(20)

Para evitar la confusión de los clientes cuando se reescale una etiqueta de un grupo de productos, se deben sustituir en un breve plazo de tiempo las etiquetas de los productos correspondientes expuestas en las tiendas, y organizar campañas de información apropiadas destinadas al consumidor en las que se indique claramente que se ha introducido una nueva versión de la etiqueta.

(21)

En el caso de etiquetas reescaladas, los proveedores deben proporcionar a los distribuidores tanto las etiquetas existentes como las nuevas durante un cierto período. La sustitución de las etiquetas de los productos expuestos, incluidos los expuestos en internet, por las etiquetas reescaladas debe tener lugar lo antes posible a partir de la fecha de sustitución especificada en el acto delegado sobre el reescalado de la etiqueta. Los distribuidores no deben exponer las etiquetas reescaladas antes de la fecha de sustitución.

(22)

Es necesario disponer un reparto claro y proporcionado de las obligaciones que se corresponda con el papel de cada operador en el proceso de suministro y distribución. Los operadores económicos deben ser responsables del cumplimiento de sus respectivas obligaciones en la cadena de suministro y velar por que solo se comercialicen productos que cumplan con el presente Reglamento y los actos delegados adoptados en virtud del mismo.

(23)

A fin de que los clientes mantengan su confianza en la etiqueta energética, no debe autorizarse, en los productos relacionados con la energía y en los productos no relacionados con la energía, el uso de otras etiquetas que imiten la etiqueta energética. Cuando los productos relacionados con la energía no estén regulados por actos delegados, los Estados miembros deben poder mantener o introducir nuevos programas nacionales para el etiquetado de dichos productos. Por la misma razón, tampoco deben autorizarse etiquetas, marcas, símbolos o inscripciones adicionales que puedan inducir a error o confundir a los clientes en lo que respecta al consumo de energía para el producto de que se trate. No debe considerarse que pueden inducir a error o confundir las etiquetas previstas con arreglo al Derecho de la Unión, como el etiquetado de neumáticos con respecto a la eficiencia en consumo de combustible y otros parámetros medioambientales, y etiquetas adicionales como EU Energy Star y la etiqueta ecológica de la UE.

(24)

Cada vez con mayor frecuencia se ofrece a los clientes actualizaciones de los programas (software) o microprogramas (firmware) de sus productos después de que los productos hayan sido introducidos en el mercado y utilizados. Si bien tales actualizaciones están en principio concebidas para mejorar el rendimiento del producto, también pueden tener una repercusión sobre la eficiencia energética y otros parámetros del producto indicados en la etiqueta energética. En caso de que tales cambios fueran en detrimento de lo indicado en la etiqueta, debe informarse a los clientes de dichos cambios y ofrecerles la opción de aceptar o rechazar la actualización.

(25)

Para garantizar la seguridad jurídica, es preciso aclarar que las normas sobre vigilancia del mercado de la Unión y sobre el control de los productos que entran en dicho mercado establecidas en el Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) son aplicables a los productos relacionados con la energía. Habida cuenta del principio de libre circulación de mercancías, resulta imprescindible la cooperación efectiva entre las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros. Esa cooperación en el ámbito del etiquetado energético debe reforzarse con el apoyo de la Comisión a los Grupos de Cooperación Administrativa (AdCos) en diseño ecológico y etiquetado energético.

(26)

La propuesta de la Comisión de nuevo reglamento relativo a la vigilancia de los productos integra las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 765/2008, de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), y de varios actos legislativos sectoriales de la Unión en materia de armonización. Dicha propuesta recoge disposiciones sobre cláusulas de salvaguardia contenidas en la Decisión n.o 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) que serían de aplicación a todos los actos legislativos de la Unión en materia de armonización. Mientras los colegisladores sigan examinando el nuevo reglamento, es conveniente referirse al Reglamento (CE) n.o 765/2008 e incluir cláusulas de salvaguardia en el presente Reglamento.

(27)

Las actividades de vigilancia del mercado cubiertas por el Reglamento (CE) n.o 765/2008 no tienen por objeto únicamente la protección de la salud y la seguridad, sino que también son aplicables al cumplimiento del Derecho de la Unión dirigido a salvaguardar otros intereses públicos, como la eficiencia energética. En consonancia con la comunicación de la Comisión titulada «20 años en pro de unos productos más seguros y conformes en Europa: un plan de actuación plurianual para la vigilancia de los productos en la UE» de 13 de febrero de 2013, la metodología de la evaluación de riesgos generales de la Unión se ha actualizado a fin de que pueda cubrir todos los riesgos, incluidos los relacionados con el etiquetado energético.

(28)

Una actividad de vigilancia del mercado coherente y rentable en toda la Unión exige también un archivado bien estructurado y completo y la difusión entre los Estados miembros de toda la información pertinente sobre las actividades nacionales en la materia, incluida una referencia a las notificaciones requeridas en virtud del presente Reglamento. La base de datos del sistema de información y comunicación para la vigilancia del mercado (ICSMS) que ha creado la Comisión es idónea para constituir una base de datos sobre vigilancia del mercado completa, por lo que debe promoverse encarecidamente su utilización.

(29)

A fin de crear un instrumento útil para los consumidores, permitir a los distribuidores formas alternativas de recibir fichas de información del producto, facilitar el seguimiento del cumplimiento y proporcionar datos de mercado actualizados para el proceso regulador sobre la revisión de las etiquetas y fichas de información de productos específicos, la Comisión debe crear y mantener una base de datos de los productos compuesta de una parte pública y de una parte de cumplimiento, a la que debe poder acceder por medio de un portal en línea.

(30)

Sin perjuicio de la obligación de vigilar el mercado por parte de los Estados miembros y de la obligación de los proveedores de verificar la conformidad del producto, los proveedores deben proporcionar la información necesaria sobre la conformidad del producto por vía electrónica en la base de datos de los productos. La información pertinente para los consumidores y los distribuidores debe incluirse en la parte orientada al público de la base de datos de los productos. Dicha información debe ofrecerse en forma de datos abiertos, para que los creadores de aplicaciones móviles y otros instrumentos de comparación tengan la oportunidad de utilizarla. Debe facilitarse un acceso directo y sencillo a la parte pública mediante herramientas orientadas al usuario, como por ejemplo un código de respuesta rápida (código QR) dinámico que figure en la propia etiqueta impresa.

(31)

La parte de cumplimiento de la base de datos de los productos debe estar sujeta a estrictas normas de protección de datos. Las partes específicas exigidas de la documentación técnica de la parte de cumplimiento deben ponerse a disposición tanto de las autoridades de vigilancia del mercado como de la Comisión. Cuando una parte de la información técnica sea tan delicada que sería inadecuado incluirla en la categoría de documentación técnica que se detalla en los actos delegados adoptados con arreglo al presente Reglamento, las autoridades de vigilancia del mercado deben conservar la competencia de acceder a esta información cuando sea necesario, con arreglo al deber de cooperación de los proveedores o mediante partes adicionales de la documentación técnica cargada en la base de datos de los productos por los proveedores de forma voluntaria.

(32)

Para que la base de datos de los productos pueda utilizarse lo antes posible, el registro debe ser obligatorio para todos los modelos cuyas unidades se hayan introducido en el mercado después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. Para aquellos modelos cuyas unidades se hayan introducido en el mercado antes de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento y que ya no se comercialicen, el registro debe ser opcional. Debe disponerse un período de transición adecuado para el establecimiento de una base de datos y permitir que los proveedores puedan cumplir su obligación de registro del modelo. Cuando se introduzcan cambios relevantes en la etiqueta y en la ficha de información de producto en un producto ya comercializado, el producto debe considerarse un nuevo modelo y el proveedor debe registrarlo en la base de datos de los productos. La Comisión, en cooperación con las autoridades de vigilancia del mercado y con los proveedores, debe prestar especial atención al proceso de transición hasta la plena aplicación de las partes orientada al público y de cumplimiento de la base de datos de los productos.

(33)

Las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones del presente Reglamento y de los actos delegados adoptados en virtud del mismo deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(34)

A fin de promover la eficiencia energética, la mitigación del cambio climático y la protección del medio ambiente, los Estados miembros deben poder crear incentivos a la utilización de productos eficientes desde el punto de vista energético. Los Estados miembros tienen libertad para decidir sobre la naturaleza de tales incentivos. Los incentivos deben ajustarse a la normas de la Unión sobre ayudas estatales y no deben constituir barreras al mercado injustificadas. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio del resultado de cualquier futuro procedimiento de ayuda estatal que pudiera incoarse de conformidad con los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) respecto a dichos incentivos.

(35)

El consumo de energía, el rendimiento y otros datos relativos a los productos sujetos a requisitos específicos en el marco del presente Reglamento deben medirse utilizando métodos fiables, exactos y reproducibles que tengan en cuenta los métodos de medición y cálculo más avanzados generalmente aceptados. Para un buen funcionamiento del mercado interior, conviene disponer de normas armonizadas a nivel de la Unión. Dichos métodos y normas deben tener en cuenta en la mayor medida posible las condiciones de uso en la vida real de un determinado producto, reflejar el comportamiento del consumidor medio y ser sólidos, con el fin de impedir la elusión deliberada o involuntaria. Las etiquetas energéticas deben reflejar los resultados comparados del uso real de los productos, dentro de las limitaciones derivadas de la necesidad de realizar ensayos de laboratorio fiables y reproducibles. Por ello, no debe permitirse a los proveedores incluir programas informáticos o dispositivos que alteren automáticamente el rendimiento del producto en condiciones de ensayo. Cuando no haya ninguna norma publicada en la fecha de aplicación de los requisitos específicos de los productos, la Comisión debe publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea métodos de medición y cálculo provisionales sobre tales requisitos específicos. Una vez publicada la norma, su cumplimiento debe implicar una presunción de conformidad con los métodos de medición de dichos requisitos específicos adoptados sobre la base del presente Reglamento.

(36)

La Comisión debe presentar un plan de trabajo a largo plazo para la revisión de las etiquetas de productos determinados relacionados con la energía que incluya una lista indicativa de otros productos relacionados con la energía respecto a los cuales se podría establecer en el futuro una etiqueta energética. La aplicación del plan de trabajo partirá de un análisis técnico, ambiental y económico de los grupos de productos de que se trate. Ese análisis debe examinar también la información complementaria, concretamente la posibilidad, y el coste, de facilitar a los consumidores información sobre el rendimiento de un producto relacionado con la energía, como su consumo energético, su durabilidad o su comportamiento ambiental, en consonancia con el objetivo de promover una economía circular. Esa información complementaria debe mejorar la inteligibilidad y eficacia de la etiqueta de cara a los consumidores y no debe tener ningún impacto negativo en los consumidores.

(37)

Los proveedores de productos comercializados de conformidad con la Directiva 2010/30/UE antes de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento deben seguir estando obligados a facilitar una versión electrónica de la documentación técnica de los productos afectados si las autoridades de vigilancia del mercado lo solicitan. Unas disposiciones transitorias adecuadas deben garantizar la seguridad y la continuidad jurídicas al respecto.

(38)

Además, para garantizar una transición armoniosa al régimen del presente Reglamento, los requisitos en vigor establecidos en actos delegados adoptados con arreglo al artículo 10 de la Directiva 2010/30UE y a la Directiva 96/60/CE de la Comisión (8) deben seguir aplicándose a los grupos de productos pertinentes hasta que sean derogados o sustituidos por actos delegados adoptados con arreglo al presente Reglamento. La aplicación de dichos requisitos en vigor se entiende sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones derivadas del presente Reglamento.

(39)

A fin de establecer grupos específicos de productos relacionados con la energía de conformidad con una serie de criterios específicos y con el fin de establecer etiquetas y fichas de información de productos específicos, procede delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (9). En particular, a fin de garantizar la participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben todos los documentos al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que tratan de la preparación de los actos delegados.

(40)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del presente Reglamento, procede otorgar a la Comisión competencias de ejecución para determinar, de conformidad con el procedimiento de salvaguardia de la Unión, si una medida nacional está o no justificada, así como para establecer requisitos detallados relacionados con etiquetas para grupos de productos específicos y detalles operativos relacionados con la base de datos de los productos. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(41)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber permitir a los clientes elegir productos más eficientes proporcionándoles la información pertinente, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, mediante el desarrollo del marco normativo armonizado y la garantía de unas condiciones de competencia equitativas para los fabricantes, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(42)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional y la fecha de aplicación de la Directiva 2010/30/UE.

(43)

Por consiguiente, debe derogarse la Directiva 2010/30/UE.

a)

productos de segunda mano, salvo si son importados de un tercer país;

b)

medios de transporte de personas o de mercancías.

a)

deberán exponer de manera visible, incluso en la venta a distancia en línea, las etiquetas facilitadas por los proveedores o puestas a disposición de conformidad con el apartado 2, para las unidades de un modelo regulado por el acto delegado pertinente;

b)

deberán poner a disposición del cliente la ficha de información del producto, incluso, si este así lo solicita, en formato físico en el punto de venta;

a)

harán referencia a la clase de eficiencia energética del producto y a la gama de las clases de eficiencia que figuran en la etiqueta en cualquier publicidad visual o material técnico de promoción referente a un modelo específico, de conformidad con el acto delegado pertinente;

b)

cooperarán con las autoridades de vigilancia del mercado y tomarán medidas inmediatas para resolver toda situación de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento y en los actos delegados pertinentes, que entren en el ámbito de su responsabilidad, ya sea a iniciativa propia o a solicitud de las autoridades de vigilancia del mercado;

c)

con respecto a los productos regulados por actos delegados, no suministrarán ni expondrán otras etiquetas, marcas, símbolos o inscripciones que no cumplan los requisitos del presente Reglamento y de los actos delegados pertinentes, si pueden inducir a error o confundir al cliente respecto al consumo de energía o de otros recursos durante su utilización;

d)

con respecto a los productos no regulados por actos delegados, no suministrarán ni expondrán etiquetas que imiten las etiquetas que se establecen en el presente Reglamento y en los actos delegados pertinentes;

e)

con respecto a los productos no relacionados con la energía, no suministrarán ni expondrán etiquetas que imiten las etiquetas que se establecen en el presente Reglamento o en actos delegados.

a)

los datos necesarios para la identificación del producto no conforme;

b)

su origen;

c)

la naturaleza de la supuesta no conformidad y del riesgo asociado;

d)

la naturaleza y duración de las medidas nacionales adoptadas, así como los argumentos expuestos por el proveedor o, cuando proceda, el distribuidor.

a)

presentará las revisiones para los grupos de productos regulados por los Reglamentos Delegados (UE) n.o 811/2013, (UE) n.o 812/2013 y (UE) 2015/1187 a más tardar el 2 de agosto de 2025 con vistas a su reescalado y, si procede, adoptará, a más tardar el 2 de agosto de 2026, actos delegados con arreglo al artículo 16 del presente Reglamento a fin de complementar el presente Reglamento mediante la introducción de etiquetas reescaladas de A a G.

En cualquier caso, los actos delegados por los que se introduzcan etiquetas reescaladas de A a G se adoptarán a más tardar el 2 de agosto de 2030;

b)

adoptará, a más tardar el 2 de noviembre de 2018, actos delegados con arreglo al el artículo 16 del presente Reglamento a fin de complementar el presente Reglamento mediante la introducción de etiquetas reescaladas de A a G para los grupos de productos regulados por los Reglamentos Delegados (UE) n.o 1059/2010 (15), (UE) n.o 1060/2010 (16), (UE) n.o 1061/2010 (17), (UE) n.o 1062/2010 (18) y (UE) n.o 874/2012 (19) de la Comisión y la Directiva 96/60/CE, con objeto de exponer la etiqueta reescalada tanto en establecimientos comerciales como en línea, doce meses después de la fecha de su entrada en vigor.

a)

el 30 % de las unidades de los modelos pertenecientes a un grupo de productos vendidos en el mercado de la Unión ha alcanzado la clase de eficiencia energética A, y se puede esperar un mayor desarrollo tecnológico, o

b)

el 50 % de las unidades de los modelos pertenecientes a un grupo de productos vendidos en el mercado de la Unión ha alcanzado las clases de eficiencia energética A y B, y se puede esperar un mayor desarrollo tecnológico.

a)

a la hora de introducir un producto en el mercado, los proveedores suministrarán a los distribuidores tanto las etiquetas existentes como las etiquetas reescaladas y las fichas de información del producto, durante un plazo que comience cuatro meses antes de la fecha especificada en el acto delegado pertinente para empezar a exponer la etiqueta reescalada.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, cuando la etiqueta existente y la etiqueta reescalada requieran diferentes ensayos del modelo, los proveedores podrán optar por no suministrar la etiqueta existente con unidades de modelos introducidos en el mercado o puestos en servicio en el plazo de cuatro meses anteriores a la fecha especificada en el acto delegado pertinente para empezar a exponer la etiqueta reescalada, si no se hubieran introducido en el mercado o puestos en servicio unidades pertenecientes al mismo modelo o a modelos equivalentes antes de la fecha de inicio del plazo de cuatro meses. En ese caso, los distribuidores no ofrecerán dichas unidades a la venta antes de esa fecha. Los proveedores notificarán esta consecuencia a los distribuidores afectados tan pronto como sea posible, en particular cuando incluyan dichas unidades en sus ofertas a los distribuidores;

b)

los proveedores suministrarán, para los productos introducidos en el mercado o puestos en servicio antes del plazo de cuatro meses, la etiqueta reescalada a petición de los distribuidores de conformidad con el artículo 3, apartado 2, a partir del inicio de dicho plazo. Para esos productos, los distribuidores podrán obtener una etiqueta reescalada de conformidad con el artículo 5, apartado 2.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado:

c)

los distribuidores sustituirán las etiquetas existentes de los productos expuestos, tanto en los establecimientos comerciales como en línea, por las etiquetas reescaladas en un plazo de 14 días hábiles después de la fecha especificada en el acto delegado pertinente para empezar a exponer la etiqueta reescalada. Los distribuidores no expondrán las etiquetas reescaladas antes de dicha fecha.

a)

apoyar a las autoridades de vigilancia del mercado en el ejercicio de las tareas que les corresponden en virtud del presente Reglamento y de los actos delegados pertinentes, incluido el control de su aplicación;

b)

proporcionar al público información sobre los productos introducidos en el mercado, sus etiquetas de eficiencia energética y las fichas de información del producto;

c)

proporcionar a la Comisión información actualizada sobre la eficiencia energética de los productos para las revisiones de las etiquetas de eficiencia energética.

a)

una descripción general del modelo, que permita identificarlo fácil e inequívocamente;

b)

las referencias de las normas armonizadas aplicadas o de otras normas de medición empleadas;

c)

cualesquiera precauciones específicas que hayan de tomarse durante el montaje, instalación, mantenimiento o ensayo del modelo;

d)

los parámetros técnicos medidos del modelo;

e)

los cálculos efectuados con los parámetros medidos;

f)

las condiciones de ensayo en caso de que no estén suficientemente descritas en la letra b).

a)

una carga administrativa mínima para los proveedores y demás usuarios de la base de datos;

b)

facilidad de uso y rentabilidad, y

c)

que se impida automáticamente la introducción de registros redundantes.

a)

protección ante usos no previstos y la salvaguardia de la información confidencial mediante medidas de seguridad estrictas;

b)

derechos de acceso basados en el principio de la necesidad de conocer;

c)

tratamiento de los datos personales de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Directiva 95/46/CE, según corresponda;

d)

limitación del acceso a los datos en lo que respecta al alcance para evitar la copia de importantes conjuntos de datos;

e)

trazabilidad del acceso a los datos por los proveedores respecto a su documentación técnica.

a)

el grupo de productos deberá tener un importante potencial de ahorro de energía y, si procede, de otros recursos esenciales, de acuerdo con las cifras más recientes de que se disponga y teniendo en cuenta las cantidades introducidas en el mercado de la Unión;

b)

dentro del grupo de productos, distintos modelos con funcionalidad equivalente diferirán ampliamente en cuanto a los niveles de rendimiento pertinentes;

c)

no se producirá un impacto negativo significativo respecto a la asequibilidad y al coste del ciclo de vida del grupo de productos;

d)

la introducción de requisitos de etiquetado de eficiencia energética para un grupo de productos no tendrá un impacto negativo significativo en la funcionalidad del producto durante su utilización.

a)

la definición de los grupos de productos específicos que entren en el ámbito de la definición de «producto relacionado con la energía» que figura en el artículo 2, punto 1, que debe regularse por los requisitos de etiquetado detallados;

b)

el diseño y contenido de la etiqueta incluida una escala de A a G que muestre el consumo de energía, la cual, en la medida de lo posible, deberá tener unas características uniformes de diseño en todos los grupos de productos y deberá ser en todos los casos clara y legible. Los grados de A a G de la clasificación corresponderán a ahorros de energía y coste significativos y a una diferenciación adecuada de los productos desde el punto de vista del cliente. También deberá especificar cómo se definen los grados de A a G de la clasificación y en qué lugar destacado de la etiqueta se expondrá el consumo de energía;

c)

cuando proceda, la utilización de otros recursos e información complementaria sobre el producto; en ese caso, la etiqueta pondrá de relieve la eficiencia energética del producto. La información adicional será clara y no tendrá un impacto negativo significativo en la inteligibilidad y eficacia de la etiqueta en su conjunto de cara a los clientes. Se basará en datos relacionados con las características físicas del producto medibles y verificables por las autoridades de vigilancia del mercado;

d)

cuando proceda, la inclusión de una referencia en la etiqueta que permita a los clientes identificar productos inteligentes desde un punto de vista energético, es decir capaces de cambiar y optimizar automáticamente sus patrones de consumo en respuesta a estímulos externos (por ejemplo, señales procedentes de un sistema central doméstico de gestión de la energía, o enviadas a través de este, señales de precios, señales de control directo, mediciones locales) o capaces de realizar otras funciones que aumenten la eficiencia energética y la utilización de energías renovables, con el objetivo de reducir los efectos del uso de energía sobre el medio ambiente en el conjunto del sistema energético;

e)

los lugares donde haya de exponerse la etiqueta, ya sea sobre el propio producto en un lugar donde esta no se deteriore, impresa en el embalaje, en formato electrónico o expuestas en línea, tomando en consideración los requisitos del artículo 3, apartado 1, y las implicaciones para los clientes, los proveedores y los distribuidores;

f)

en su caso, los medios electrónicos para el etiquetado de productos;

g)

en el caso de la venta a distancia, la manera en que vayan a facilitarse la etiqueta y la ficha de información de producto;

h)

el contenido exigido y, en su caso, el formato y otros pormenores de la ficha de información del producto y la documentación técnica, en particular la posibilidad de cumplimentar los parámetros de la ficha de información del producto en la base de datos establecida de conformidad con el artículo 3, apartado 1;

i)

los márgenes de tolerancia de la verificación que aplicarán los Estados miembros cuando verifiquen el cumplimiento de los requisitos;

j)

cómo se incluirá la clase de eficiencia energética y la gama de las clases de eficiencia que figuran en la etiqueta en la publicidad visual y en el material técnico de promoción, incluida la legibilidad y la visibilidad;

k)

los métodos de medición y cálculo mencionados en el artículo 13 que se vayan a utilizar para determinar la información de la etiqueta y de la ficha de información del producto, incluida la definición del índice de eficiencia energética (IEE), o de un parámetro equivalente;

l)

si, en el caso de los aparatos de mayor tamaño, se exigirá un nivel más elevado de eficiencia energética para alcanzar una determinada clase de eficiencia energética;

m)

el formato de toda referencia adicional en la etiqueta que permita a los clientes acceder por medios electrónicos a información más detallada sobre el rendimiento del producto que figure en la ficha de información del producto. Dichas referencias podrán adoptar los formatos siguientes: una dirección de un sitio web, un código de respuesta rápida (código QR) dinámico, un enlace a etiquetas en línea o cualquier otro medio adecuado desde el punto de vista del consumidor;

n)

cómo, cuando proceda, se mostrarán en visualizaciones interactivas del producto las clases de eficiencia energética que describen el consumo de energía del producto durante su utilización;

o)

la fecha de evaluación y de posible revisión subsiguiente del acto delegado;

p)

en su caso, las diferencias de rendimiento energético según las distintas condiciones climáticas de las regiones;

q)

en lo que se refiere a la obligación de conservar información en la parte de cumplimiento de la base de datos prevista en el artículo 4, apartado 6, un período de conservación de los datos inferior a 15 años, cuando proceda respecto de la vida media de un producto.

28.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 198/24

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1683/95 del Consejo (2) estableció un modelo uniforme de visado.

(2)

El actual diseño común de la etiqueta adhesiva, que ha estado en circulación durante veinte años, debe considerarse poco seguro en vista de los casos graves de imitación y fraude.

(3)

Debe por consiguiente adoptarse un nuevo diseño común, con elementos de seguridad más modernos, para que la etiqueta adhesiva del visado sea más segura e impedir las falsificaciones.

(4)

Previa solicitud de Irlanda o del Reino Unido, la Comisión debe establecer los mecanismos apropiados para el intercambio de información técnica con el Estado miembro solicitante, a efectos de la expedición de visados nacionales por dicho Estado miembro.

(5)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y se ajusta a los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(6)

El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo (3); por lo tanto, el Reino Unido no participa en su adopción y no queda vinculado por el mismo ni sujeto a su aplicación.

(7)

El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (4); por lo tanto, Irlanda no participa en su adopción y no queda vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación.

(8)

El presente Reglamento constituye un acto que desarrolla el acervo de Schengen o que está relacionado con él de otro modo en el sentido, respectivamente, del artículo 3, apartado 1, del Acta de adhesión de 2003, del artículo 4, apartado 1, del Acta de adhesión de 2005 y del artículo 4, apartado 1, del Acta de adhesión de 2011.

(9)

Por lo que respecta a Islandia y a Noruega, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (5), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto B, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (6).

(10)

Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (7), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto B, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo (8).

(11)

Por lo que respecta a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (9), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto B, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo (10).

(12)

El Reglamento (CE) n.o 1683/95 se debe, por tanto, modificar en consecuencia.

1)

En el artículo 7, se añaden los párrafos siguientes:

«Previa solicitud de Irlanda o del Reino Unido, la Comisión establecerá los mecanismos apropiados para el intercambio de la información técnica a que se refiere el artículo 2 con el Estado miembro solicitante, a efectos de la expedición de visados nacionales por dicho Estado miembro solicitante.

En caso de que Irlanda o el Reino Unido presenten tal solicitud, correrán respectivamente con los gastos a los que no contribuyen en virtud del artículo 5 del Protocolo n.o 21, sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.».

2)

El anexo se sustituye por la imagen y el texto que figuran en el anexo del presente Reglamento.

28.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 198/29

(1)

La protección de los intereses financieros de la Unión no hace referencia solo a la gestión de los créditos presupuestarios, sino que abarca todas las medidas que afecten o puedan afectar negativamente a sus activos y a los de los Estados miembros en la medida en que éstas guarden relación con las políticas de la Unión.

(2)

El Convenio, redactado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, de 26 de julio de 1995 (3), incluidos sus Protocolos, de 27 de septiembre de 1996 (4), 29 de noviembre de 1996 (5), y 19 de junio de 1997 (6), establece unas normas mínimas con respecto a la definición de infracciones penales y sanciones en el ámbito del fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión. Los Estados miembros redactaron el Convenio, en el que se señalaba que el fraude que afectaba a los ingresos y gastos de la Unión, en muchos casos, no se limitaba a un solo país, sino que con frecuencia era perpetrado por redes de delincuencia organizada. Sobre esa base, ya se reconoció en el Convenio que la protección de los intereses financieros de la Unión exigía la persecución penal de las conductas fraudulentas que lesionasen esos intereses. En paralelo, se adoptó el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 (7). Ese Reglamento establece normas generales relativas a controles homogéneos y a medidas y sanciones administrativas aplicables a las irregularidades respecto del Derecho de la Unión, y se remite al mismo tiempo a las normas sectoriales en este ámbito, a las acciones fraudulentas definidas en el Convenio y a la aplicación del Derecho penal y de los procedimientos penales de los Estados miembros.

(3)

La política de la Unión en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Unión, ya ha sido objeto de medidas de armonización, como el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95. Con el fin de garantizar la aplicación de la política de la Unión en este ámbito, es esencial seguir aproximando el Derecho penal de los Estados miembros complementando la protección de los intereses financieros de la Unión que proporcionan el Derecho civil y el administrativo frente a los tipos más graves de conductas relacionadas con los fraudes en este ámbito, evitando al mismo tiempo incompatibilidades tanto dentro de estas ramas del Derecho como entre ellas.

(4)

La protección de los intereses financieros de la Unión requiere una definición común de fraude que se encuentre dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva y que debe abarcar las conductas fraudulentas con respecto a los ingresos, los gastos y los bienes que afectan al presupuesto general de la Unión Europea («presupuesto de la Unión»), incluidas operaciones financieras como concesión y solicitud de préstamos. El concepto de infracciones graves contra el sistema común del impuesto sobre el valor añadido («IVA»), según establece la Directiva 2006/112/CE del Consejo (8) («sistema común del IVA»), se refiere a las formas más graves de fraude en el ámbito del IVA, en particular, el fraude «carrusel», el fraude a través de operadores que desaparecen y el fraude cometido en el marco de una organización delictiva, que representan graves amenazas para el sistema común del IVA y, por consiguiente, para el presupuesto de la Unión. Las infracciones penales contra el sistema común del IVA deben ser consideradas graves cuando estén relacionadas con el territorio de dos o más Estados miembros, sean resultado de una trama fraudulenta conforme a la cual esas infracciones se cometan de manera estructurada con objeto de obtener una ventaja indebida del sistema común del IVA y supongan un perjuicio total de al menos 10 000 000 EUR. El concepto de perjuicio total se refiere al perjuicio estimado que cause la totalidad de la trama fraudulenta, tanto a los intereses financieros de los Estados miembros afectados como a los de la Unión, excluidos intereses y sanciones. La presente Directiva tiene por objeto contribuir a los esfuerzos para combatir estos fenómenos delictivos.

(5)

Cuando la Comisión ejecuta el presupuesto de la Unión en régimen de gestión indirecta o compartida, puede delegar tareas de ejecución presupuestaria en los Estados miembros o encomendárselas a los órganos, organismos o agencias de la Unión creados en virtud de los Tratados o a otras entidades o personas. En esos casos de gestión compartida o indirecta, los intereses financieros de la Unión deben disfrutar del mismo nivel de protección que en caso de gestión directa por la Comisión.

(6)

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por gastos relativos a los contratos públicos los gastos relacionados con los contratos públicos definidos en el artículo 101, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), sobre las normas financieras aplicables al presupuesto de la Unión.

(7)

El Derecho de la Unión sobre blanqueo de capitales es plenamente aplicable al blanqueo del producto de las infracciones penales mencionadas en la presente Directiva. Una referencia a ese Derecho debe garantizar que el régimen sancionador establecido por la presente Directiva se aplique a todos los casos graves de infracciones penales que atenten contra los intereses financieros de la Unión.

(8)

La corrupción, o cohecho, constituye una amenaza especialmente grave para los intereses financieros de la Unión que, en muchos casos, puede estar también vinculada a una conducta fraudulenta. Dado que cualquier funcionario público tiene la obligación de ejercer su criterio o valoración discrecional de manera imparcial, deben incluirse en la definición de corrupción ante el pago de sobornos para influir en el criterio o la valoración discrecional de un funcionario público como la aceptación de dichos sobornos, con independencia de las disposiciones legales o reglamentarias aplicables en el país de dicho funcionario público o a la organización internacional de que se trate.

(9)

Los intereses financieros de la Unión pueden verse afectados negativamente por determinadas conductas de funcionarios públicos a quienes se ha encomendado la gestión de fondos o de activos, ya sea en calidad de responsable o de supervisor, dirigidas a la malversación de fondos o activos, en lugar de a la finalidad prevista, y que perjudican los intereses financieros de la Unión. Por lo tanto, es necesario introducir una definición precisa de las infracciones penales de que es constitutiva esa conducta.

(10)

Por lo que se refiere a las infracciones penales de corrupción pasiva y malversación, es necesario incluir una definición de los funcionarios públicos que abarque a todos los funcionarios, desempeñen estos una función oficial en la Unión, en los Estados miembros o en terceros países. Los particulares participan cada vez más en la gestión de los fondos de la Unión. Para proteger de forma adecuada los fondos de la Unión frente a la corrupción y a la malversación, es necesario, por lo tanto, que la definición de «funcionario público» englobe también a personas que no ostenten un cargo oficial pero a las que, sin embargo, de manera similar, se les haya asignado y ejerzan una función de servicio público en relación con los fondos de la Unión, como por ejemplo los contratistas que participan en la gestión de esos fondos.

(11)

Respecto de las infracciones penales previstas en la presente Directiva, el concepto de intencionalidad debe ser aplicable a todos los elementos que constituyen dichas infracciones. El carácter intencionado de una acción u omisión puede inferirse de circunstancias fácticas objetivas. La presente Directiva no se aplica a las infracciones penales que no requieran intencionalidad.

(12)

La presente Directiva no obliga a los Estados miembros a prever penas privativas de libertad por la comisión de infracciones penales que no sean de carácter grave, en los casos en que se presuma intencionalidad con arreglo al Derecho nacional.

(13)

Algunas infracciones penales contra los intereses financieros de la Unión están a menudo, en la práctica, estrechamente relacionadas con las infracciones penales a que se refiere el artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y con los actos legislativos de la Unión basados en dicha disposición. Así pues, es necesario garantizar la compatibilidad entre esos actos legislativos y la presente Directiva a la hora de redactar las disposiciones.

(14)

En la medida en que los intereses financieros de la Unión también pueden verse afectados negativamente o amenazados por conductas atribuibles a personas jurídicas, estas deben ser perseguidas por las infracciones penales definidas en la presente Directiva que se hayan cometido por su cuenta.

(15)

Con el fin de garantizar una protección de los intereses financieros de la Unión equivalente en toda la Unión con medidas que deben tener un efecto disuasorio, los Estados miembros deben establecer además ciertos tipos y grados de sanciones para los casos en que se cometan las infracciones penales definidas en la presente Directiva. Las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de las infracciones.

(16)

Puesto que la presente Directiva establece normas mínimas, los Estados miembros tienen la opción de adoptar o mantener normas más estrictas relativas a las infracciones penales que afectan a los intereses financieros de la Unión.

(17)

La presente Directiva no afecta a una aplicación correcta y eficaz de medidas disciplinarias o sanciones que no sean de naturaleza penal. Las sanciones que no puedan compararse con sanciones penales y que ya se hayan impuesto a la misma persona por la misma conducta, deben poder ser tenidas en cuenta a la hora de condenar a esa persona por una infracción penal definida en la presente Directiva. Por lo que se refiere a otras sanciones, debe respetarse plenamente el principio de prohibición de ser juzgado o condenado dos veces en un procedimiento penal por los mismos hechos delictivos (non bis in idem). La presente Directiva no tipifica los comportamientos que no estén también sujetos a sanciones disciplinarias u otras medidas relativas a un incumplimiento de deberes oficiales, en los casos en que tales sanciones disciplinarias u otras medidas puedan aplicarse a las personas afectadas.

(18)

En algunos casos, se debe disponer para las personas físicas una pena máxima de al menos cuatro años. Entre estos casos deben incluirse, al menos, aquellos por los que se causen perjuicios, o se obtengan ventajas considerables, entendiéndose por «considerables» los que asciendan a más de 100 000 EUR. Los Estados miembros cuyo ordenamiento jurídico no disponga explícitamente un umbral para perjuicios o ventajas considerables como base para la pena máxima, deben garantizar que sus órganos jurisdiccionales tengan debidamente en cuenta el importe del perjuicio o de la ventaja para la determinación de las sanciones correspondientes al fraude y otras infracciones penales que afectan a los intereses financieros de la Unión relacionadas con el fraude. La presente Directiva no impide a los Estados miembros proporcionar otros elementos que indiquen la naturaleza grave de una infracción penal, por ejemplo cuando el perjuicio o ventaja sea potencial, pero de considerable volumen. No obstante, en lo que respecta a las infracciones contra el sistema común del IVA, el umbral que ha de superar el perjuicio o ventaja para que se presuma que es considerable es de 10 000 000 EUR. Es necesario introducir umbrales mínimos para las penas privativas de libertad máximas, con el fin de garantizar una protección equivalente de los intereses financieros de la Unión en toda la Unión. Las sanciones pretenden ser un importante elemento disuasorio para los posibles delincuentes, con efectos en toda la Unión.

(19)

Los Estados miembros deben garantizar que el hecho de que una infracción penal se cometa en el marco de una organización delictiva en el sentido de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo (10) sea considerado como circunstancia agravante con arreglo a las normas aplicables establecidas en sus respectivos ordenamientos jurídicos. Deben garantizar que los jueces puedan disponer de dicha circunstancia agravante al condenar a los infractores, aunque los jueces no tengan obligación de aplicar esas circunstancias agravantes. Los Estados miembros no están obligados a prever estas circunstancias agravantes siempre y cuando, en su Derecho nacional, las infracciones penales en la acepción de la Decisión Marco 2008/841/JAI sean punibles como infracciones penales independientes y puedan dar lugar a penas más graves.

(20)

Teniendo en cuenta, en particular, la movilidad de quienes perpetran estos actos y del producto de las actividades ilegales en detrimento de los intereses financieros de la Unión, así como la complejidad de las investigaciones transfronterizas que esto implica, todos los Estados miembros deben establecer su jurisdicción de modo que les permita combatir estas actividades. Cada Estado miembro debe de este modo garantizar que su jurisdicción aquellas infracciones penales cometidas por medio de tecnologías de la información y la comunicación a las que se hayan accedido desde su territorio.

(21)

Dada la posibilidad de jurisdicciones múltiples para infracciones penales transfronterizas que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros deben velar por que el principio non bis in idem se respete plenamente en la aplicación de la legislación nacional de transposición de la presente Directiva.

(22)

Los Estados miembros deben adoptar las normas relativas a los plazos de prescripción necesarias para poder combatir las actividades ilegales en detrimento de los intereses financieros de la Unión. En el caso de las infracciones penales punibles con una sanción máxima de al menos cuatro años de privación de libertad, el plazo de prescripción debe ser de, al menos, cinco años a partir del momento en que se cometió la infracción penal. Ello se entiende sin perjuicio de los Estados miembros que no establezcan plazos de prescripción en relación con la investigación, enjuiciamiento y ejecución.

(23)

Sin perjuicio de las normas relativas a la cooperación transfronteriza y a la asistencia judicial en materia penal, así como de otras normas de Derecho de la Unión, en particular en virtud del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), es preciso contar con una disposición adecuada que regule la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión para garantizar una acción eficaz contra las infracciones penales definidas en la presente Directiva que afectan a los intereses financieros de la Unión, lo que incluye el intercambio de información entre los Estados miembros y la Comisión, así como toda asistencia técnica y operativa brindada por la Comisión a las autoridades competentes nacionales que estas necesiten para facilitar la coordinación de sus investigaciones. Dicha asistencia no debe implicar la participación de la Comisión en los procedimientos de investigación o de enjuiciamiento de casos penales concretos a cargo de las autoridades nacionales. El Tribunal de cuentas y los auditores responsables de auditar los presupuestos de las instituciones, órganos y organismos deben transmitir a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y a las demás autoridades competentes todo hecho que pudiera considerarse infracción penal conforme a la presente Directiva, y a su vez los Estados miembros deben garantizar que las autoridades nacionales de control, en el sentido del artículo 59 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 proceden de igual manera, de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013.

(24)

La Comisión debe informar ante el Parlamento Europeo y al Consejo de las medidas tomadas por los Estados miembros para cumplir la Directiva. El informe podrá ir acompañado, en caso necesario, de propuestas que tengan en cuenta las posibles evoluciones, en particular por lo que respecta a la financiación del presupuesto de la Unión.

(25)

El Convenio debe sustituirse por la presente Directiva en relación con los Estados miembros vinculados por ella.

(26)

Para la aplicación del artículo 3, apartado 4, letra d), de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo (12), la referencia a fraude grave que afecte a los intereses financieros de la Unión, según se define en el artículo 1, apartado 1, y en el artículo 2, apartado 1, del Convenio debe ser interpretada en el sentido de fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión según se define en el artículo 3 y en el artículo 7, apartado 3, de la presente Directiva o, por lo que se refiere a infracciones penales contra el sistema común del IVA, según se definen en el artículo 2, apartado 2, de la presente Directiva.

(27)

La correcta aplicación de la presente Directiva por parte de los Estados miembros incluye el tratamiento de datos personales por las autoridades nacionales competentes y su intercambio entre los Estados miembros, por una parte, y entre los organismos competentes de la Unión, por otra. El tratamiento de datos personales a nivel nacional entre las autoridades nacionales competentes debe estar regulado por el acervo de la Unión. El intercambio de datos personales entre los Estados miembros debe efectuarse de conformidad con la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (13). En la medida en que las instituciones, órganos, organismos y agencias de la Unión traten datos de carácter personal, debe aplicarse el Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), así como, en su caso, otros actos legislativos de la Unión que regulen el tratamiento de datos de carácter personal por dichas instituciones, órganos u organismos de la Unión, así como las normas relativas a la confidencialidad de la instrucción judicial aplicables.

(28)

El efecto disuasorio previsto de la aplicación de sanciones de Derecho penal requiere una especial cautela en lo que se refiere a los derechos fundamentales. La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (denominada en lo sucesivo «Carta», y en particular el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a la protección de los datos personales, la libertad profesional y el derecho a trabajar, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad y el derecho a una tutela judicial efectiva y a un juicio imparcial, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, el principio de legalidad y el de proporcionalidad de las infracciones penales y de las penas, así como el principio non bis in idem. La presente Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto de estos derechos y principios, y debe aplicarse en consecuencia.

(29)

Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la rápida recuperación de dichas sumas y su transferencia al presupuesto de la Unión, sin perjuicio de las normas sectoriales pertinentes de la Unión sobre las correcciones financieras y la recuperación de las sumas gastadas indebidamente.

(30)

Las medidas y las sanciones administrativas desempeñan un papel importante en la protección de los intereses financieros de la Unión. La presente Directiva no exime a los Estados miembros de la obligación de aplicar y ejecutar las sanciones y medidas administrativas de la Unión en el sentido de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95.

(31)

La presente Directiva debe obligar a los Estados miembros a disponer en su Derecho nacional sanciones penales para los actos de fraude y para los relacionados con el fraude que afecten a los intereses financieros de la Unión a los que se aplica la presente Directiva. La presente Directiva no debe crear obligaciones relativas a la aplicación, en casos individuales, de dichas sanciones o cualesquiera otros sistemas disponibles para hacer cumplir la legislación. Los Estados miembros pueden en principio seguir aplicando medidas y sanciones administrativas en paralelo en el ámbito cubierto por la Directiva. Al aplicar la normativa nacional que transponga la presente Directiva, los Estados miembros deben, no obstante, garantizar que la imposición de sanciones penales por las infracciones penales previstas en la presente Directiva y de medidas y sanciones administrativas no dé lugar a una vulneración de la Carta.

(32)

La presente Directiva no afectará a las competencias de los Estados miembros para estructurar y organizar su administración tributaria, en la medida en que la consideren capaz de garantizar la determinación, evaluación y recaudación adecuadas del impuesto del valor añadido, así como la aplicación efectiva de la legislación del IVA.

(33)

La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de las disposiciones sobre la suspensión de la inmunidad recogidas en el TFUE, el Protocolo n.o 3 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea anejos al TFUE y al Tratado de la Unión Europea (TUE), y los textos que los aplican, o de disposiciones similares incorporadas en la legislación nacional. Al transponer la presente Directiva a la legislación nacional, así como al aplicar la normativa nacional que transponga la presente Directiva, se deben tener debidamente en cuenta dichos privilegios e inmunidades, incluido el respeto de la libertad de mandato de los miembros.

(34)

La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de los principios y normas generales del Derecho penal nacional sobre aplicación y ejecución de sentencias de conformidad con las circunstancias concretas de cada caso.

(35)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su alcance y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(36)

De conformidad con los artículos 3 y 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TEU y al TFUE, Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.

(37)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculado por la misma ni sujeto a su aplicación.

(38)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca anejo al TEU y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

(39)

Se ha consultado al Tribunal de Cuentas Europeo quien ha emitido su dictamen (15).

i)

el presupuesto de la Unión,

ii)

los presupuestos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión creados de conformidad con los Tratados, u otros presupuestos gestionados y controlados directa o indirectamente por ellos;

a)

en materia de gastos no relacionados con los contratos públicos, cualquier acción u omisión relativa a:

b)

en materia de gastos relacionados con los contratos públicos, al menos cuando se cometan con ánimo de lucro ilegítimo para el autor u otra persona, causando una pérdida para los intereses financieros de la Unión, cualquier acción u omisión relativa a:

c)

en materia de ingresos distintos de los procedentes de los recursos propios del IVA a que se hace referencia en la letra d), cualquier acción u omisión relativa a:

d)

en materia de ingresos procedentes de los recursos propios del IVA, cualquier acción u omisión cometida en una trama fraudulenta transfronteriza en relación con:

a)

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por corrupción pasiva la acción de un funcionario que, directamente o a través de un intermediario, pida o reciba ventajas de cualquier tipo, para él o para terceros, o acepte la promesa de una ventaja, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión.

b)

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por corrupción activa la acción de toda persona que prometa, ofrezca o conceda, directamente o a través de un intermediario, una ventaja de cualquier tipo a un funcionario, para él o para un tercero, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión.

a)

el funcionario «nacional» o de la «Unión», incluido todo funcionario nacional de otro Estado miembro y todo funcionario nacional de un tercer país;

No obstante, cuando se trate de diligencias judiciales incoadas por un Estado miembro en las que esté implicado un funcionario nacional de otro Estado miembro o un funcionario nacional de un tercer país, el primer Estado miembro solo estará obligado a aplicar la definición de «funcionario nacional» en la medida en que sea compatible con su Derecho nacional.

El término «funcionario nacional» incluirá a toda persona que tenga un cargo ejecutivo, administrativo o judicial a nivel nacional, regional o local. Toda persona que ocupe un cargo legislativo a escala nacional, regional o local se asimilará a un funcionario nacional;

b)

toda persona a la que se haya asignado y que esté ejerciendo una función de servicio público que consista en la gestión, en los Estados miembros o en terceros países, de intereses financieros de la Unión o en tomar decisiones sobre esos intereses.

a)

un poder de representación de la persona jurídica;

b)

una autoridad para tomar decisiones en nombre de dicha persona jurídica, o bien

c)

una autoridad para ejercer un control dentro de la persona jurídica.

a)

exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas;

b)

exclusión temporal o permanente de los procedimientos de contratación pública;

c)

inhabilitación temporal o permanente para el ejercicio de actividades comerciales;

d)

intervención judicial;

e)

disolución judicial;

f)

cierre temporal o permanente del establecimiento que se haya utilizado para cometer la infracción penal.

a)

la infracción penal se haya cometido total o parcialmente en su territorio, o

b)

el infractor sea uno de sus nacionales.

a)

el infractor tenga su residencia habitual en su territorio;

b)

la infracción se haya cometido por cuenta de una persona jurídica establecida en su territorio, o

c)

el infractor sea uno de sus funcionarios que actúa en el desempeño de sus funciones.

a)

una pena de más de un año de prisión, o alternativamente;

b)

una pena de prisión en el caso de una infracción penal que sea punible con una pena máxima de al menos cuatro años de prisión,

1)

a nivel de la UE, de las sumas indebidamente pagadas en el contexto de la comisión de as infracciones penales contempladas en el artículo 3, apartado 2, letras a), b) y c), o en los artículos 4 o 5;

2)

a nivel nacional, de cualquier IVA no pagado en el contexto de la comisión de las infracciones penales contempladas en el artículo 3, apartado 2, letra d), o en los artículos 4 o 5.

a)

el número de procedimientos penales iniciados, el número de procedimientos archivados, número de procedimientos que terminen en absolución, número de procedimientos que terminen en condena y número de procedimientos en curso;

b)

los importes recuperados tras los procedimientos penales y los daños y perjuicios estimados.

a)

el umbral indicado en el artículo 2, apartado 2, es apropiado;

b)

las disposiciones relativas a la prescripción referidas en el artículo 12, son lo bastante eficaces;

c)

la presente Directiva trata de manera eficaz el fraude en la contratación.

28.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 198/42